Pronunciamiento. La importancia del trabajo psicosocial frente a la crisis de Derechos Humanos en América Latina

Organizaciones y trabajadoras/es psicosociales de Latinoamérica, reunidas/os en Bogotá, Colombia, los días 10, 11 y 12, de noviembre 2025, en el IV Encuentro Psicosocial Latinoamericano, manifestamos que:

Vivimos una regresión democrática profunda. Desde 2008, observamos la reconfiguración de poderes político-militares y económicos que ha implicado la captura de instituciones públicas, el desmantelamiento de las garantías democráticas y la revitalización de la economía criminal en toda la región. Esto se ha traducido en pérdida de derechos, militarización de la vida social y la polarización como estrategia de control para consolidar proyectos autoritarios.

En mayo de 2025, Amnistía Internacional señaló que estamos presenciando “una violación histórica de los derechos humanos universales, impulsada por fuerzas que buscan desarticular el ideal mismo de dignidad humana”. En el mundo se observa el incumplimiento sistemático del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de Derechos Humanos, como es el caso del genocidio en Palestina. Además de, el bloqueo económico de décadas hacia Cuba, las ejecuciones extrajudiciales por medio de bombardeos a lanchas en aguas internacionales y del Caribe, en particular de Venezuela, por parte de los Estados Unidos. Así como militarización de fronteras en América Latina y restricciones severas a la movilidad humana. Todos estos son apenas, los últimos ejemplos de lógicas coloniales en relación a los países del sur global.

Observamos procesos de criminalización de la protesta hacia organizaciones sociales, pueblos originarios y afrodescendientes, así como a ONGs en países como El Salvador, Nicaragua, Perú y Ecuador, donde se han impulsado leyes y reglamentos orientados a limitar la libertad de asociación, condicionar o bloquear financiamiento, vigilar estructuras internas y justificar persecución política bajo discursos de “seguridad”, “orden” o “defensa nacional”. Estas medidas forman parte de una política regional para debilitar actores sociales que sostienen la memoria, la denuncia y la organización comunitaria.

Se construyen narrativas que estigmatizan, y promueven discursos de odio hacia aquellos grupos sociales a quienes responsabilizan de las violencias y las problemáticas sociales. Lo anterior lo logran por su capacidad de difusión en medios de comunicación y redes sociales, generando la violencia digital, a la cual también se encuentran expuestos los y las defensoras de Derechos Humanos.

La narrativa de inseguridad ha sido el medio para este proceso, utilizando el miedo como herramienta de control social y validando mecanismos represivos como eje exclusivo del abordaje del crimen organizado, naturalizando estados de excepción y políticas represivas indiscriminadas para todas y todos, legitimando modelos autoritarios a cambio de una promesa de seguridad. La militarización se normaliza bajo discursos de protección, operando en función del poder de las élites, y no precisamente de la población.

El discurso que presentó al autoritarismo como orden social encuentra uno de sus ejemplos más visibles en Nicaragua que reflejan detenciones arbitrarias, exilios, confiscaciones y persecución más allá de sus fronteras. El Salvador, donde el régimen de excepción ha implicado detenciones sin debido proceso, tortura, ejecuciones extrajudiciales y disciplinamiento de territorios populares. En estos casos, las respuestas estatales son militar-policiales, mientras las organizaciones que denuncian estas violencias están siendo criminalizadas.

En este contexto se fortalecen las empresas transnacionales con el aval de los Estados, generando los efectos del extractivismo y el despojo, que han incrementado el desplazamiento y la migración forzada, afectando especialmente a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Según CEPAL (2024), más del 32% de la población latinoamericana vive en condiciones de pobreza, profundizada por modelos económicos de concentración y la colusión entre economías formales e ilegales. Por otra parte América Latina ostenta el récord de asesinatos de defensores mediombientales, y hasta antes del genocidio en Gaza, también el récord de asesinatos a periodistas.

En este escenario, observamos la cooptación institucional del enfoque psicosocial, en algunos casos a acciones asistencialistas, y prácticas desconectadas del contexto; esto reduce al enfoque de su sentido ético-político, cuyo corazón es acompañar procesos de memorias, verdades, justicia, resistencias territoriales y reconstrucción colectiva.

Reconocemos las experiencias que desde las diferentes formas de organización en los territorios realizan trabajo psicosocial, favoreciendo procesos que reinventan y resisten frente a las violencias y autoritarismos. Por todo lo anterior, las organizaciones y trabajadoras/es psicosociales:

Exigimos a los Estados de América Latina, el cese de:

• Las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, reconociendo que representan conquistas históricas alcanzadas por luchas y resistencias de nuestros pueblos.

• Las narrativas hegemónicas, racistas, discriminatorias, y estigmatizantes, en contra de población en contextos de vulnerabilidad.

• La construcción de mentira institucionalizada, que distorsiona la realidad y confunde a la población.

Demandamos:

• El reconocimiento y la atención integral de las víctimas de distintas violencias.

• Validar el rol de las memorias en la lucha de las víctimas y la educación de las nuevas generaciones.

• Asumir las responsabilidades de las consecuencias transgeneracionales de las violencias padecidas por las personas, familias y comunidades.

• La independencia judicial y el respeto a la libertad de expresión, asociación, protesta y defensa de derechos.

• La liberación de personas presas políticas en América Latina

• La libre autodeterminación de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Un llamado a las organizaciones internacionales que trabajan a favor de la defensa de los

Derechos Humanos:

• Reafirmar la vida y la dignidad humana, como el centro de su quehacer para la justicia, verdad reparación y no repetición, de las personas que sufren las violencias.

• Integrar y profundizar el enfoque psicosocial en el trabajo de Derechos Humanos, para contribuir al fortalecimiento y acompañamiento a las víctimas.

Firman:

Organizaciones:

• Acompañantes Psicosociales de Nicaragua, en el exilio. (América Latina).

• Aluna Acompañamiento Psicosocial (México).

• Asociación Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, ECAP (Guatemala).

• Centro de Atención Psicosocial, CAPS (Colombia).

• Centro de Derechos Humanos de Mujeres, C.D.M. (Honduras).

• Centro de Investigación, Promoción y Práctica de Trabajo Psicosocial EmPoderat

(Honduras).

• Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, CINTRAS (Chile).

• Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, CCNPB (Colombia).

• Departamento Ecuménico de Investigaciones, DEI (Costa Rica).

• El Rebozo, Cuidado de la Vida y los Territorios. (México)

• Fundación Acceso (Costa Rica).

• Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado,

ITEI (Bolivia).

• Oficina del Arzobispado de Derechos Humanos de Guatemala, ODHAG (Guatemala).

• Primera Escuela Privada de Psicología Social fundada por el Dr. E. Pichon Rivière (Argentina).

• Red Para la Infancia y la Familia-Perú, REDINFA (Perú).

• Veredas Psicosociales (México).

Trabajadoras/es psicosociales: Alejandra González, Dora Lancheros, Floridalma Pérez, Laura

Melchor, Lorena Peralta, Lorena Pérez, Rosana Morales y Valeria Moscoso.