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Ayotzinapa IV. Situación actual del caso a los 8 años de los hechos
IV Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, conformado por Ángela María Buitrago Ruiz, Carlos Martín Beristain (ad honorem), Claudia Paz y Paz Baile, Francisco Cox Vial.
I. Antecedentes y reinicio de investigaciones GIEI
2020. El reinicio de las investigaciones por el GIEI.
Tras varios años en que las consignaciones de presuntos responsables por parte de SEIDO-PGR habían sido desechadas por los jueces debido a las evidencias de torturas, la debilidad de la investigación solamente basada en declaraciones y falta de pruebas objetivas complementarias, y a pesar de que esa situación fue alertada en su momento por el GIEI en sus primeros dos mandatos, la investigación tuvo que reiniciarse de nuevo varios años después, en un nuevo gobierno y tras la creación de la nueva FGR.
Dentro de esa nueva etapa, se creó en 2019 la Unidad especial para el caso Ayotzinapa, UEILCA, con la debida especialización en el caso y la independencia necesaria que no había tenido la investigación previa y que tan nefastas consecuencias tuvo. Las investigaciones que se llevaron a cabo a partir de ahí llevaron a la nueva toma de declaraciones, la revisión de archivos de SEDENA, CISEN y SEMAR, la investigación de telefonía, entre otras. Además, se añadió en este caso la nueva prueba incorporada al expediente proveniente de las escuchas telefónicas de Chicago, que el GIEI había demandado desde la época de la PGR y, nunca llegaron durante el primer año de mandato del GIEI. Finalmente, las gestiones realizadas por el nuevo gobierno y la nueva UEILCA llevaron a que se enviasen desde EE. UU. una buena parte de esas escuchas telefónicas a la Fiscalía especial, la última en julio de 2022.
También se incorporaron nuevas declaraciones de testigos protegidos que llevaron a tener mayores elementos de los hechos y de las actuaciones posteriores que habían llevado a la creación de la llamada “Verdad Histórica”. En marzo de 2022, el GIEI presentó un Informe Ayotzinapa III que daba cuenta de todos los avances en la investigación y que fue entregado a la COVAJ, aunque solo hecho público parcialmente para proteger las investigaciones que estaban en curso todavía.
Con el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en 2020, se decidió aceptar la coadyuvancia con la Fiscalía General de la República y con la Comisión para la Verdad, habiendo realizado actividades conjuntas, tanto de recabar o analizar información como de búsquedas. De mayo de 2022 en adelante, el GIEI siguió realizando su trabajo con la COVAJ y la Fiscalía especial del caso, la UEILCA, que culmina el 30 de septiembre de 2022.
En el contexto actual, en septiembre 2022, se han dado diferentes hechos que generan confusión sobre el estado del caso, la investigación de los responsables, la intervención de la Fiscalía General, los procesos de judicialización y a la vez la solicitud de la revocatoria de órdenes de detención por fiscales ajenos a la UEILCA, así como algunas detenciones de personas clave, a la vez que la inspección y el bloqueo de la actuación de la UEILCA. Con este documento el GIEI quiere ampliar los elementos que deben ser tenidos en cuenta y aclarar lo que hay de cierto o no, en base a nuestra experiencia, en las diversas versiones que circulan. ¿Qué está pasando en el caso?
Marzo 2022. Informe del GIEI Ayotzinapa III y nuevos datos para la investigación
Desde el inicio de su tercer mandato en 2021, el GIEI realizó numerosas gestiones para documentar los casos, recabar pruebas, acompañar diligencias de declaración, buscar revisar y analizar archivos de la SEDENA, SEMAR, CISEN, GUARDIA NACIONAL, y otros que fueron abiertos a solicitud del grupo por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador y mediante gestiones de la COVAJ ante las distintas instancias. Dichos elementos de prueba (videos, tarjetas informativas, documentos de inteligencia, entre otros) fueron aportados por el GIEI a la UEILCA y estuvieron a disposición de la COVAJ igualmente. Fueron analizados también de forma independientes por el GIEI como parte de nuestro mandato de coadyuvancia y asistencia técnica a la investigación.
Fruto de todo ello, el GIEI entregó a las autoridades del Estado en febrero de 2022 un informe con los hallazgos y avances en la investigación que fueron realizados en colaboración con laCOVAJ y laUEILCA.Dicho informe, fue dado a conocer públicamente con carácter parcial, en marzo 2022. No se publicó en su integridad para proteger ciertas informaciones e identidades, de forma que no se entorpeciera la investigación penal y la judicialización de presuntos responsables. Sin embargo, dado que, a través del propio informe de la COVAJ se dan parte de esas informaciones, y que a mediados del mismo mes de agosto ya se habían realizado los ejercicios de acción penal y las judicializaciones para las que se mostraba evidencia en dicho informe, lo damos a conocer hoy de forma completa.
Las conclusiones de dicho informe muestran que:
• La investigación de fiscalía especial y los Ministerios públicos de la UEILCA sobre el crimen organizado y la vinculación de fuerza pública, ejército, policía municipal, estatal federal y funcionarios de la administración estatal a los hechos ligados al ataque, detención y desaparición forzada de los estudiantes, fue creciendo hasta tener nuevos elementos de prueba.
• La investigación, especialmente a partir de videos obtenidos porlaCOVAJ, mostraban cómo autoridades de CISEN y PGR tenían relación con las torturas a numerosos detenidos. Todo ello constituye nuevas evidencias que deben ser utilizadas en la judicialización de esos casos.
• Todas las Corporaciones, Ejército, CISEN y Policía Federal y Estatal, hacían seguimiento y reporte en tiempo real de todas las actividades de los normalistas de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y otras, o de sus actividades, desde años atrás a los hechos del 2014. Igualmente, conocían perfectamente que desde principios de septiembre de 2014 que se estaba organizando una conmemoración del 2 de octubre en la ciudad de México con todas las Escuelas Normales y la encargada de realizar el aprovisionamiento, consecución de transporte y alimentación (boteo), era la Normal Raúl Isidro Burgos. Hacían seguimiento permanente a las actividades de boteo y toma de camiones de manera especial en este mes de septiembre, teniendo claridad de los autobuses, placas, y marcas que habían sido tomados en los diversos municipios de Guerrero.
• El Ejército tenía personal de inteligencia matriculado en la Escuela que daba información en tiempo real de todas las actividades. Desde el 14 de septiembre de 2014, el Ejército conoció de todas las actividades que se habían planeado para aprovisionarse de los vehículos y de los recursos para la marcha del 2 de octubre.
• Actuaciones e Investigaciones propias del ejército no compartidas en la investigación. Durante, y posteriormente a los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014, el ejército recibió información de interceptación de comunicaciones la cual nunca fue puesta a disposición de la búsqueda o la investigación. De la misma manera instruyó procesos disciplinarios en contra de, al menos, dos de sus integrantes señalados en el caso y realizó investigaciones cuyos resultados no compartió, ni ha compartido plenamente al día de hoy.
• Información obtenida de intervenciones técnicas telefónicas en el mismo momento de los hechos no fueron proporcionadas a la investigación ni a la búsqueda de los desaparecidos. Los documentos confirman que el Ejército (así como el CISEN) tenía intervenidas las comunicaciones de actores relevantes en los hechos, incluso cuando estaban ocurriendo, sin que consten autorizaciones judiciales para ello ni se conozca el contenido completo de las mismas. En un documento de SEDENA fechado el 5 de octubre de 2014 se incluyen algunas de estas intervenciones del 26 de septiembre y 4 de octubre de 2014. Esto significa que las autoridades militares y del CISEN estuvieron informadas en tiempo real de lo que ocurría. Sin embargo, esta información no fue compartida con las autoridades encargadas de la investigación, ni hay constancia de que se hubiera hecho alguna actividad de búsqueda específica con la misma. Es decir, las autoridades militares y del CISEN tenían información y documentos que nunca fueron facilitados para poder realizar la búsqueda y además negaron poseer información en reiteradas ocasiones. Como se describe a continuación, en dichas comunicaciones se incluyen datos relevantes sobre las personas involucradas en los hechos, su ubicación e informaciones sobre el destino de los estudiantes. Las conversaciones de las que da cuenta el documento aparecen editadas, por lo que debe existir una copia completa de las mismas que debería ser entregada a la Fiscalía.
El documento posee el siguiente encabezado: “E.M.D.N – C.M.I. HOJA DE REFERENCIA NO. 14-04885 DE 5 OCT. 2014” y se divide en dos partes, con información recogida en distintas fechas. La primera “Párrafo A” se refiere al “26 SEP. 2014”. En el texto del documento se lee: “Conversación de interés (Mensaje de Texto) entre Francisco Salgado Valladares, 2/0 Comandante de la Policía Municipal de Iguala, Gro., y gente de confianza de Felipe Flores Velázquez, Director de Seguridad Pública de Iguala, Gro., con Gilberto “N” (A) “Gil”, Jefe Regional “Los Guerreros Unidos” en Iguala, Huitzuco, Tepecoacuilco, Cocula, Zacacoyuca, Buenavista, Taxco, Teloloapan, Apaxtla de Castrejón y Cuetzalan del Progreso, Gro”. La conversación hace referencia a la detención de los estudiantes, alude a dos grupos de estudiantes: uno de “21” que estaría en un “autobús” y otro de “17” que podría estar en una “cueva”. En la transcripción, “Gilberto” solicita que los estudiantes le sean entregados en el “Camino a Pueblo Viejo” y especialmente en la “Brecha de los Lobos”, refiriendo que ahí tiene “unas camas para aterrizarlos”. El “4 oct. 2014. Párrafo B” tiene como encabezado “Conversación de interés (mensajes de texto), entre Alejando Palacios (A) “Cholo Palacios” y Ramón “N”, posible policía del Municipio de Tepecoacuilco, Gro”. En estos mensajes Ramón comenta que se habían encontrado fosas clandestinas en Pueblo Viejo. También indicó que le habían pedido al “Gil”, a través de “el encargado que llegó de la ministerial” que “les soltaran aunque sea 10 (...) para calmar un poco”. Ramón agrega que tenía escondido al “Gil” y se refieren a la detención de un personaje de alias “Pompi” (probablemente Marco Antonio Ríos Berber). Al respecto, el Cholo Palacios expresa que él estuvo presente en los hechos y vio a todos los que estaban.
De acuerdo con estas transcripciones el Ejército contó con informaciones en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos, así como de las personas implicadas, su relación con autoridades ministeriales y sus posibles escondites. Según esta conversación algunos de ellos podrían haber estado vivos el 4 de octubre de 2014, ocho días después de los hechos, sin embargo, esto no está confirmado por lo que se necesita acceso a toda la documentación. En el documento “Panorama general delictivo en el Estado de Guerrero”, de noviembre de 2014 se citan estas intervenciones y se añaden otras realizadas los días 5 y 6 de octubre de 2014. El cinco de octubre: “Emiliano Alejandro Benítez Palacios (a) “Cholo Palacios” (Jefe de plaza en Iguala Gro.), indicó a (a) “Ramón” (posible pol. mpal. de Tepecoacuilco, Gro.), que lo de las fosas fue error de Miguel Nicolás (a) “el May” y/o Mike mouse” (jefe de sicarios en iguala, Gro.), porque no los enterró bien. Asimismo, agregó que (a) “la pompi” (a quien refieren como un detenido de la organización que está proporcionando datos), no conoce nada ni ubica a nadie de Tepecoacuilco, Gro”. El 6 oct. 2014, “(a) “Cholo palacios”, comentó a (a) “Ramón” que no le interesa donde tenga a “Gil” (jefe regional de los “G.U.”) y que por el momento está ocultándose de las autoridades. Por su parte, “Ramón” mencionó que va a sacar a “Gil” para “Cacahua””. Es decir, existen citas en los propios documentos militares en los que se hace referencia a otras intervenciones de comunicaciones que aún no han sido entregadas.
• Desde el 5 de octubre se montó una coordinación de altos mandos de todas las corporaciones de seguridad y de la PGR, llamada “war room”, que llevó a cabo investigaciones y acciones cuyo contenido concreto se desconoce. Esas reuniones de coordinación fueron dirigidas por Tomás Zerón. Los resultados de esas investigaciones nunca se incorporaron a la investigación de la PGR, permanecieron ocultas hasta ahora, que fueron descubiertas por investigaciones de la UEILCA.
• El basurero de Cocula estuvo custodiado por policía estatal y ejército desde el día 4-5 de octubre. Testigos presenciales aseguraron que el día 27 de septiembre cuando supuestamente se estaría llevando a cabo esa acción, no hubo ninguna actividad extraña en el basurero. El día 12, SEDENA realizó una inspección en la que se dice que no hay ningún hallazgo de restos de los jóvenes. El día 25 se dijo oficialmente que se habría producido una llamada anónima que alertaba de que se habían dejado en el basurero restos de los jóvenes. Dicha llamada resultó ser falsa. La Marina realizó diligencias en dicho basurero al menos desde las 6h25 de la mañana del día 26 de octubre, mediante dos camionetas y numerosos efectivos que bajaron objetos de las camionetas, bajaron a la zona donde posteriormente aparecerían restos óseos que fueron presentados por la PGR como de los normalistas junto con la versión obtenida bajo torturas de que los jóvenes habrían sido incinerados en dicho basurero la noche de los hechos. Las imágenes de esos hechos fueron tomadas por un dron de alta tecnología que solo actúa bajo órdenes de las más altas autoridades del Estado. La actuación de la Marina fue descubierta en un archivo clasificado como “secreto”, muestra que se hizo fuego y se alteraron las escenas, sin ninguna protección. A las 8h31 llegó al basurero el procurador Murillo Karam. Ninguna de estas acciones se conoció en el expediente de la PGR.
• Declaraciones de un testigo protegido señalan que los jóvenes fueron separados en tres grupos, que hubo intervención del ejército y policía estatal en la custodia de jóvenes detenidos, que estos habrían sido asesinados y sus restos esparcidos en diversos lugares, señalando que un grupo de varios de ellos habrían sido disueltos en ácido. Una casa de seguridad de GU mostraba signos que confirmaban algunos de los detalles de la crueldad y el horror referidos. Posteriormente habría habido orden de recoger los restos y volverlos a ocultar y dispersar en otros lugares. En base a esa información se encontraron los restos de dos de los muchachos desaparecidos. También señaló que dichas acciones se llevaron a cabo durante la madrugada y en algunos casos en días posteriores al 26 de septiembre de 2014. Señaló la relación existente entre el grupo GU y miembros de las diferentes corporaciones de seguridad como parte de las condiciones que les permitían operar en la zona, con pagos regulares a mandos de dichas unidades, y la implicación de otros mandos militares. Aspectos importantes de esta declaración han sido corroborados por otras evidencias, de que ahí se encontraban los restos de dos de los normalistas, las interceptaciones de comunicaciones de Chicago y documentos militares.
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