La verdad del exilio

El informe La verdad del exilio. Ética, criminalización y lucha por la justicia en Guatemala (2014-2025) da cuenta de las vidas de personas que, tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, creyeron en la verdad y la justicia como un pilar para fortalecer la democracia en Guatemala y que, en medio de enormes dificultades, llevaron adelante importantes cambios y logros en el país, siendo, en la última década, criminalizadas y perseguidas, sufriendo amenazas, detenciones arbitrarias y exilio.

Para acabar con muchos de estos avances, se llevó a cabo una estrategia de criminalización contra personas operadoras de justicia, autoridades ancestrales y representantes de pueblos originarios, personas defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas, que fueron perseguidas, estigmatizadas, encarceladas y forzadas al exilio, ante la imposibilidad de defender su integridad y libertad, una estrategia de criminalización cuyo principal objetivo ha sido mantener estructuras de violencia arraigadas en la historia de Guatemala y que en la actualidad se amalgaman con procesos de crimen organizado y corrupción de alto nivel.

Todas las formas de violencia vienen con su narrativa de los hechos que trata de legitimar sus posiciones. En este caso, toda una red de actores corruptos tomó control de gran parte del aparato del Estado, especialmente del sistema de justicia, como forma de limitar los esfuerzos del pueblo guatemalteco en la lucha contra los cuerpos clandestinos de violencia, contra la impunidad de las graves atrocidades del pasado y su continuidad con la delincuencia organizada, el narcotráfico, la corrupción del presente.

Los testimonios que se incluyen en este informe han sido compartidos con la confianza de quien trata con respeto sus experiencias, que son también una lección ética para las instituciones y la sociedad. Esta historia en realidad nace de un tiempo en que Guatemala buscaba salidas al conflicto armado y donde la memoria histórica fuese una forma de establecer, social y políticamente, los límites de aquello que no podía volver a repetirse en el país, para transformar el presente. Esa es una lucha por la dignidad que marchó los días posteriores al 26 de abril de 1998, tras el asesinato de Monseñor Gerardi, por la paz y el respeto a la vida, y que en tiempos recientes llevó a movilizaciones masivas contra la corrupción en 2015, por la reforma de la justicia, con la experiencia de la CICIG y los avances que a todas luces parecían increíbles en un país como Guatemala. Movilizaciones que se dieron de nuevo en 2023 para defender la democracia frente a nuevos intentos de corrupción y control autoritario.

Desde entonces, distintos actores sociales, políticos e institucionales han impulsado esfuerzos continuos por recuperar y consolidar la democracia, fortalecer el Estado de derecho y construir instituciones capaces de garantizar los derechos fundamentales de la población.

Las historias que se encuentran en este informe son parte de esa memoria colectiva. Escucharlas no puede dejar indiferente, no solo ante el dolor producido y la intencionalidad de los responsables, sino ante el sin sentido de los procesos judiciales fraudulentos, las acusaciones falsas y el uso espurio del derecho. Se ha intentado distorsionar el funcionamiento del sistema de justicia, para lograr la impunidad y mantener un orden cultural, social, económico y político excluyente.

Cuando escuchamos los testimonios, encontramos muchas personas con un enorme compromiso por su país, una ética que no se dejó comprar con dinero o prebendas, que asumió el riesgo de la cárcel o el exilio, frente a quienes les conminaban a reconocer su culpabilidad como una forma de imponer su poder y su versión de la historia. Y, sin embargo, dijeron “no” a ese mandato de transigir con la corrupción o dejar las cosas como están, incluyendo numerosos delitos. Como si Guatemala estuviera condenada a ser parte de un país donde la gente no cuenta, donde las instituciones no sean un espacio de ciudadanía y de respeto por sus derechos, y donde los pueblos originarios no tengan derechos frente a su histórica exclusión.

Este informe da cuenta de vidas rotas entre un antes y un después de la criminalización y persecución de que fueron objeto. Algunas personas estuvieron dos, tres o más años en la cárcel, sometidas a vejámenes y torturas incluso, sin posibilidad de defensa legal. Otras muchas, presionadas para que salieran al exilio en el que están entre dos y siete años, e incluso más, en medio de condiciones difíciles e impactos que se prolongan en el tiempo y quizá el más relevante, su muerte civil, ya sea en la cárcel o en el exilio.

El exilio es un no-lugar en el mundo, entre una Guatemala a la que hasta ahora no han podido volver, y un país de recepción que no termina de ser el suyo. Cuando se tomaban testimonios de todas estas personas en la cárcel o en el exilio, en Europa o EE. UU., en México o Costa Rica, entre otras regiones o países, la pregunta muchas veces fue qué país sería Guatemala si ellas hubieran podido seguir con su trabajo, y sus luchas por la justicia hubieran sido respetadas. Constituyen un referente ético para la sociedad guatemalteca y otros muchos países, en un tiempo en que los ataques al trabajo de derechos humanos y la cooptación de la justicia por intereses espurios se extiende por el mundo. El impacto que todo esto ha tenido en la administración de justicia, la corrupción y la democracia en Guatemala, no se circunscribe a los 100 casos analizados, sino a la parálisis y desvío de las investigaciones, el control del aparato de justicia y las amenazas a la libertad de expresión e información que afecta a toda la sociedad y al funcionamiento del Estado.

Las personas exiliadas fueron arrancadas de su territorio y de ese cuerpo compartido que es su país, sus gentes, sus familias. Se llevaron consigo la libertad que trataron de quitarles y nos traen una verdad que ha ido ganando su espacio, como recoge este informe, y que busca su lugar en Guatemala. Escucharla y hacerla parte, es una tarea pendiente, para la que este informe es una herramienta. Lo que escuchamos como una consigna “nos verán volver”, es un grito que nace de su demanda y una tarea pendiente para Guatemala, con la convicción de la injusticia de que han sido objeto y del impacto que todo ello ha tenido en la construcción de una democracia real en el país.