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Informe Ayotzinapa VI. Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes


El Informe Ayotzinapa VI da cuenta del conjunto de los hallazgos del caso, actualizando muchas informaciones, además de los resultados de la investigación con las nuevas pruebas a las que se ha tenido acceso de archivos, telefonía, nuevos testigos y la integración del conjunto de las informaciones de este caso, en el que el grado de amplitud y complejidad corre el riesgo de dejar fuera aspectos sustanciales que ayuden a tener una visión global del mismo, pero también un análisis de las informaciones cruciales y de los datos más significativos.


El primer capítulo hace referencia a los hechos de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Un relato temporal que introduce elementos que ya han sido investigados e incorporados en buena parte de los anteriores informes del GIEI, pero que aquí se profundizan. Se complementa el relato con algunos nuevos elementos de la evidencia con que se cuenta para afirmar tanto los hechos como la participación de grupos y corporaciones, a partir de algunas nuevas fuentes testimoniales y de las pruebas documentales encontradas. La detención de los jóvenes y la aparición del cuerpo de Julio César Mondragón incluyen nuevos elementos a considerar que deben ser esclarecidos.


En un segundo apartado, se recoge el análisis técnico de comunicaciones y localización de telefonía de diversas corporaciones, que muestra la inconsistencia de sus declaraciones. Algunos de los teléfonos de los jóvenes normalistas aparecieron en manos de responsables de los hechos como policías que cambiaron el chip del teléfono para poder seguir usándolo, y que delatan ahora a quienes se los llevaron. Más adelante se analiza la actuación, presencia y responsabilidad de otras corporaciones sobre las que se ha tenido menor información en el pasado, como Policía Estatal, Federal, de Tránsito y Ministerial. Si bien la acción más directa en el ataque, detención violenta y disparos se dio por parte de las policías municipales en relación con Guerreros Unidos, estas policías también participaron en los hechos, estuvieron presentes en diferentes escenas y negaron su conocimiento y participación durante años.


Posteriormente se aborda la actuación, conocimiento de los hechos de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 del CISEN, así como su participación en detenciones e interrogatorios con tortura que fueron parte de la construcción de la Verdad Histórica.


Un siguiente apartado aborda la actuación del ejército mexicano en diferentes momentos. Por una parte, la información previa sobre el contexto de colusión de autoridades que era parte del conocimiento de SEDENA antes de 2014. El seguimiento de los jóvenes durante esos días, y específicamente el día 26 de forma minuciosa hasta su entrada en la estación de buses de Iguala. Se analizan las declaraciones, fuentes documentales y datos técnicos de miembros del 27 BI de Iguala que muestran cómo mintieron sobre su conocimiento de lo sucedido, adecuaron sus declaraciones a una versión de los hechos, así como las justificaciones que declararon tanto los militares en sus declaraciones, como los portavoces oficiales de SEDENA de la época. El análisis de la telefonía de localización muestra que dichas versiones, ofrecidas tanto por dos OBI y miembros de inteligencia, como el comandante del batallón, el capitán C. y otros miembros de la Fuerza de Reacción que intervino esa noche, no fueron ciertas y es parte de lo que la UEILCA tendrá que seguir investigando, culminando las detenciones aún pendientes de militares, incluyendo los que están en retiro. En una segunda parte se abordan las informaciones existentes en los archivos de SEDENA sobre el caso, archivos a los que se tuvo acceso tras la orden presidencial de poder contar con toda la información disponible para poder coadyuvar en el esclarecimiento del caso. Sin embargo, y a pesar de revelaciones muy importantes que guardaban esos archivos, cuando se intentó contar con toda la información existente, SEDENA señaló que no había mayor documentación o que desconocía su procedencia, y otras respuestas que faltan a la verdad y suponen un ocultamiento de informaciones muy relevantes para el esclarecimiento del caso. La evidencia documental muestra que dichas respuestas no son ciertas y se necesita una incidencia del más alto nivel y de la propia justicia para superar esos obstáculos que son determinantes para el bloqueo de la investigación en la actualidad.


En un siguiente apartado se aborda la actuación de SEMAR, con posterioridad a los días 26 y 27 de septiembre. A pesar de que la versión oficial señaló que la Marina solo había participado en proporcionar seguridad perimetral en distintas diligencias y el envío de buzos cuando fueron requeridos para explorar el río San Juan el 29 de octubre de 2014, el VI informe muestra su intervención en el escenario del basurero de Cocula, las informaciones no veraces sobre su intervención en el río San Juan, la participación de algunos elementos en detenciones y torturas, así como la existencia de otros operativos llevados a cabo por distintas secciones de Marina, como la Unidad de Operaciones Especiales o la Unidad de Inteligencia Naval, que incluyen acciones de las que no se ha tenido conocimiento hasta ahora, operativos en varias zonas de Guerrero, y que podrían mostrar violaciones graves de derechos humanos como presuntas muertes violentas a manos de la Marina que no han sido esclarecidas, en el contexto de investigación del caso.


Más adelante se aborda el trasfondo del caso, el trasiego de drogas de México a EEUU, donde Iguala y la estación de buses cumplieron un papel determinante en el tráfico de estupefacientes y el control territorial, que estuvo en la base del motivo de la agresión y desaparición de los normalistas. Este aspecto ha sido abordado desde el primer informe del GIEI y a pesar de los avances gracias a las escuchas de Chicago, aún quedan muchas cuestiones por esclarecer y tareas pendientes para la UEILCA.


En un octavo apartado se hace un resumen del punto en el que está la investigación sobre la construcción de la llamada “Verdad Histórica”. Se analiza la historia de cómo se construyó esa versión, las mentiras, torturas sistemáticas, ilegalidades y presiones para imponer una versión de la historia, con un compendio de lo hasta ahora sabido y algunas nuevas revelaciones de esos hechos, incluyendo los momentos en que se inició dicha construcción y el intento de cerrar el caso poco más de una semana después de los hechos.


El final del informe vuelve a los jóvenes y su destino. La situación de los jóvenes después de la detención, su división en grupos y sus diferentes destinos se abordan al final de este apartado. Las informaciones existentes aún son fragmentadas y tienen contradicciones entre evidencias y declaraciones. Tres restos de los jóvenes han sido encontrados en estos años, pero la historia de cómo todo ello se llevó a cabo aún permanece con grandes sombras. La coherencia de algunas versiones que han llevado a nuevos descubrimientos debe ser analizada también en el conjunto de la evidencia y la actuación de testigos protegidos.


Esta es una tarea que queda aún pendiente, y para la que la apertura total de los archivos y de los responsables de SEDENA es determinante para la búsqueda, como puede verse en el apartado de los archivos de SEDENA y documentos CRFI que han sido negados.


Por último, se aborda la acción y responsabilidad del crimen organizado, de Guerreros Unidos y otros grupos. Si bien el GIEI ha conocido diferentes organigramas de la organización presentados por las autoridades en distintos momentos, y en particular construidos después de los hechos, hay muchos aspectos aún por esclarecer. El hecho de que numerosos sospechosos fuesen torturados ha impedido la investigación y saber la verdad de muchos aspectos, así como conllevó la libertad de posibles responsables. La muerte y el asesinato de otros ha impedido tener mayores revelaciones. Por otra parte, el control que sigue ejerciendo el grupo sobre distintas personas y familias, ha limitado la posibilidad de quebrar muchos pactos de silencio que aún permanecen como un mecanismo de seguridad interna y control mediante el miedo.


En el último apartado se incluye un relato de la evolución de la investigación en las distintas etapas, y los desafíos de la investigación de la macrocriminalidad y la red criminal que no solo estaba constituida por un grupo externo, sino introducido con autoridades estatales, federales y militares. Para el GIEI, la manera de investigar el caso debe pasar de determinar solo las responsabilidades individuales en parte de la acción global, a la consideración del conjunto de la red criminal en el que diferentes partes cumplieron una función con un objetivo colectivo y una unidad de mando en muchos aspectos. Para terminar, en el informe se hace una referencia a las recomendaciones que el grupo ha señalado en diferentes momentos, especialmente sobre la investigación fiscal y judicial, el acompañamiento a las víctimas y el seguimiento del caso, rescatando los elementos clave en el momento actual, como son la necesaria superación de los obstáculos para contar con toda la información disponible en los archivos del Estado, y el futuro del caso que sigue abierto y buscará nuevos caminos incluyendo la supervisión del sistema interamericano.

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